Tratos y derechos de los jóvenes con la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.

Antes del 8 de Junio del 2007, el destino de los jóvenes delincuentes menores de 18 años, quedaba a criterio del juez en cuanto a la capacidad de discernimiento. Si efectivamente el menor estaba consciente de sus actos y/o delitos, era enviado a un centro de reclusión, que en definitiva solo aporta perfeccionando sus conocimientos delictuales. Pero a partir de aquel día, se regulo la situación gracias a la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, ya que los menores de edad, específicamente entre 14 y 17 años, desde ese día tienen la posibilidad de reinsertarse en la sociedad, educarse y capacitarse laboralmente, incluyendo también la rehabilitación para los jóvenes adictos a las drogas.

Un aspecto que se considera positivo de la nueva ley, es que considera a los adolescentes como sujetos de derecho, responsables de sus actos, con deberes y prerrogativas. Nosotros estamos en desacuerdo, ya que los jóvenes que están en su periodo de adolescencia o cerca de ella, experimentan lo que Eriksson denomina "crisis normativa", que supone que los jóvenes pasan por un periodo en el cual no obedecen normas y reglas (hacen lo contrario de lo que la sociedad espera de ellos), que los lleva a delinquir y rebelarse, aún sabiendo que van contra las reglas pero no deja de ser un periodo natural de la vida del adolescente que hay que respetar. De todos modos, no justificamos sus actos, pero se puede llegar a entender a través de la Teoría de la Crisis Normativa que plantea Eriksson.

La ley además, establece penas máximas para los jóvenes que sean considerados culpables, cinco años para quienes están entre 14 y 15 años y 10 para quienes tengan entre 16 y 17, que, por lo dicho anteriormente, estamos de acuerdo con las penas si es que se evalúa al antisocial en la gravedad de los hechos y su capacidad de discernimiento.

En cuanto a los derechos de los antisociales, estamos de acuerdo en los tratos que se les dan, ya que están en pleno derecho de exigir saber porque son detenidos y los derechos que se le otorgan. También se les facilita un abogado defensor, para defender sus intereses, y, por sobretodo, ser llevado antes un juez de forma inmediata, teniendo un plazo de 24 horas. Y el no ser declarado culpable sin antes constatarlo y el respetar, ante todo, sus derechos humanos. Todos estos puntos le dan al afectado una posibilidad de reivindicarse, ya que la sociedad le deberá proporcionar oportunidades sociales y educativas para su reinserción en la sociedad.